Las donaciones en vida y de bienes inmuebles experimentan un importante aumento en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, si hace diez años se transmitieron 669.203 viviendas por donación, en los últimos años esta cifra ha superado las 974.843 donaciones. Un nuevo escenario que se ha visto propiciado por el incremento de los impuestos que existen a la hora de heredar.
Este tipo de donaciones permiten que uno o varios herederos disfruten con antelación de los bienes, sin que ello altere la parte legítima del resto de beneficiarios. A primera vista, puede parecer un acto de generosidad con beneficios fiscales, pero si no se regula y gestiona de forma adecuada, puede derivar en conflictos tanto para el donante como para los receptores. Y los problemas no siempre se presentan en el momento del fallecimiento del propietario original,también pueden surgir mientras este continúa vivo y en uso del bien.
Este fue el caso de Brigitte, una ciudadana francesa viuda y pensionista que, con 68 años, decidió organizar su sucesión. Lo hizo transfiriendo la propiedad de su vivienda en Burdeos, valorada en ese momento en 600.000 euros, a sus tres hijos, reservándose el usufructo. Así lo relata en una entrevista recogida por el diario Le Figaro. Esta fórmula le permitía seguir residiendo en el inmueble o si lo abandonaba, percibir los ingresos por alquiler. Además, supuso un ahorro fiscal notable para sus herederos: "Gracias a la deducción de 100.000 euros por hijo, sus tres herederos prácticamente no pagaron impuestos por la donación", detalla Coralie Daven, exnotaria de Brigitte.
Conversión forzosa del usufructo
No obstante, la situación cambió radicalmente diez años más tarde. Brigitte inició una relación sentimental con un hombre de su edad, residente en Toulouse y empezó a pasar largas temporadas fuera de la vivienda. Aunque decidieron mantener su independencia y no convivir, su creciente ausencia generó tensiones con sus hijos. Las diferencias se agudizaron hasta que, en 2020, los tres hermanos acudieron a los tribunales para solicitar una "conversión forzosa del usufructo en capital".
Esta figura legal, aunque poco común, está regulada y permite transformar el derecho de uso en una compensación económica cuando se demuestra que el usufructuario ya no utiliza el bien de forma significativa: "Permite transformar el derecho de uso en una compensación económica en caso de ausencia prolongada o abandono del bien", explica la notaria.
Tras varios meses de proceso judicial, la resolución fue favorable a los hijos. El juez dictó la conversión y Brigitte se vio obligada a ceder su derecho de usufructo. Según marca la ley, recibió una compensación proporcional al valor de ese derecho en el momento de la sentencia: "A sus 78 años, el usufructo representaba ahora el 30% del valor de la propiedad. Tras deducir los costes judiciales, recibió algo más de 150.000 euros", aclara Daven.
Con esa cantidad, Brigitte pudo adquirir un pequeño piso de dos habitaciones en Toulouse, próximo al domicilio de su pareja. "A su edad, jamás habría podido alquilar. Comprar era su única opción", señala la exnotaria, destacando las dificultades añadidas que enfrentan muchas personas mayores en el acceso al alquiler en grandes ciudades.
La casa familiar de Burdeos fue vendida por los hermanos. Sin embargo, el precio pagado no fue sólo económico. "La madre y sus hijos quedaron destrozados por esta historia. Ya no ve a sus nietos", lamenta Daven. Este caso pone de manifiesto algunas de las complejidades que pueden surgir en los procesos de planificación patrimonial, especialmente cuando confluyen factores familiares y legales. Aunque la conversión forzosa del usufructo es una figura contemplada por la ley, su aplicación puede tener consecuencias significativas en las relaciones personales, como refleja este caso.
Si bien los hechos ocurrieron en Francia, el debate que plantea también tiene relevancia en España, donde cada vez es más frecuente recurrir a fórmulas como la donación de la nuda propiedad, el usufructo o las herencias en vida. Según expertos notariales, este tipo de decisiones requieren no solo un análisis jurídico adecuado, sino también una valoración del contexto familiar, con el fin de evitar posibles conflictos a futuro.